La mayoría de los productos van a chatarreros o al extranjero en vez de ser tratados - Los consumidores pagan 360 millones al año por el sistema
Al comprar cualquier aparato que tenga un cable o una pila (sea un reloj, teléfono móvil, ordenador, una tostadora o un frigorífico) los consumidores pagan un canon para financiar el reciclaje de ese chisme y que los metales pesados que lleva no contaminen. Sin embargo, seis años después de la entrada en vigor del decreto que regula el sistema y pese a que los consumidores pagan al año unos 360 millones de euros, las plantas de tratamiento de residuos están casi vacías: la gran mayoría de los aparatos acaban en chatarreros ilegales o exportados a países en desarrollo como productos de segunda mano. El fiscal coordinador de Medio Ambiente, Antonio Vercher, junto con la Guardia Civil, tiene en marcha una amplia investigación sobre el sistema y ya ha imputado a unas 60 personas por trocear frigoríficos sin control.
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